CONADEH atendió 15,858 quejas por vulneraciones a la vida, integridad y acceso a la justicia de las mujeres
- Una respuesta oportuna puede contribuir a evitar la escalada de la violencia y proteger de manera más efectiva la vida e integridad de las mujeres, según el CONADEH.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) atendió, entre el 2016 y el 2025, unas 15,858 quejas vinculadas con afectaciones que pusieron en riesgo derechos fundamentales de las mujeres como la vida, integridad personal y el acceso a la justicia, por lo que recomendó al Estado hondureño garantizar asignaciones presupuestarias suficientes para prevenir, atender, proteger, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres.
Joselin Padilla, coordinadora de la Defensoría de la Mujer del CONADEH, explicó que entre el 2016 y el 2025, este ente estatal atendió 15,858 quejas vinculadas con posibles afectaciones a derechos de las mujeres, de las cuales, 6,291 corresponden a la integridad personal, 5,269 a situaciones que pusieron en riesgo su vida y 4,298 al acceso a la justicia y debido proceso legal.
En lo que respecta al derecho a la vida, la defensora de los derechos de las mujeres explicó que, las amenazas de muerte constituyen la modalidad predominante con el 69 % de los registros, seguidas por situaciones de desplazamiento forzado interno y externo.
Un elemento revelador, dijo Padilla, es que el 90 % de quejas por vulneración de derechos corresponde a hechos atribuidos a particulares.
En materia de integridad personal, las quejas muestran un escenario más diverso que va desde malos tratos, violencia doméstica, psicológica y física, amenazas, intimidación, lesiones y otras afectaciones.
Asimismo, mientras el 65 % de las quejas se encuentran asociadas a actuaciones de particulares, 35% corresponde a acciones atribuidas a autoridades, dentro de las cuales un 15 % se relaciona, específicamente, con actuaciones de la Policía Nacional y Centros Penitenciarios.
En lo que respecta al acceso a la justicia se presenta una dinámica distinta. De los 4,298 casos atendidos vinculados con este derecho, el 85 % corresponde a quejas por actuaciones de autoridades, lo que sitúa el análisis directamente en la capacidad de respuesta de las instituciones públicas.
La mayoría se concentra bajo la categoría general de acceso a la justicia y debido proceso legal, acompañada por registros sobre no recepción de denuncias y retardos procesales.
Cinco departamentos concentran mayoría de quejas
Padilla detalló que cerca de dos terceras partes de las quejas atendidas por el CONADEH se concentran en Francisco Morazán, Olancho, Cortés, Choluteca y Yoro, aunque los patrones varían según el derecho analizado.
Francisco Morazán y Cortés concentran una proporción importante de las quejas relacionadas con el derecho a la vida; Olancho presenta el mayor número de registros sobre integridad personal; mientras que Francisco Morazán y Choluteca destacan en materia de acceso a la justicia.
En conjunto, las quejas atendidas por el CONADEH permiten identificar que el riesgo para la vida aparece mayoritariamente vinculado a hechos cometidos por particulares, las afectaciones a la integridad personal atraviesan tanto el ámbito privado como el institucional y las barreras de acceso a la justicia se concentran principalmente en la actuación estatal.
Instan a las instituciones del Estado a brindar respuestas oportunas
Padilla explicó que las quejas atendidas por el CONADEH representan una fuente de información con potencial preventivo ya que permiten identificar territorios, modalidades de violencia y momentos de interacción institucional en los que una respuesta oportuna puede contribuir a evitar la escalada de la violencia y proteger de manera más efectiva la vida e integridad de las mujeres.
El CONADEH instó al Ministerio Público, a la Secretaría de Seguridad, a la Policía Nacional y al Poder Judicial a reforzar la debida diligencia y la perspectiva de género, con valoración temprana del riesgo, medidas de protección efectivas y procesos que eviten la revictimización.
A la Secretaría de la Mujer e instituciones de prevención y protección les recomendó robustecer estrategias territoriales diferenciadas, priorizando departamentos y municipios con patrones persistentes de violencia, con base en indicadores de riesgo.
