Entre 2016 y 2025:
Cerca de 300 profesionales del derecho denunciaron que su integridad y su vida está en riesgo
- La situación de violencia que enfrentan los profesionales del derecho se agudizó en los últimos cuatro años (2022- 2025) al registrar 176 quejas que representan el 59% de los casos. Alcanzando el pico más alto en el 2023 con 64.
Unos 296 profesionales del derecho denunciaron, entre 2016 y 2025, que su integridad física y su vida está en riesgo al ser objeto de amenazas, atentados y desplazamiento forzado que convierten a esta profesión en una labor de alto riesgo para quienes la ejercen reveló hoy el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).
Las 296 quejas atendidas por el CONADEH, durante ese periodo, representan el 3% de los 10,077 casos de desplazamiento forzado interno registrados por la Institución Nacional de Derechos Humanos, pero también refleja una tendencia alarmante, el riesgo de ejercer la abogacía en Honduras ha ido en aumento.
Datos de la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) del CONADEH establece que la situación de violencia que enfrentan los profesionales del derecho se agudizó en los últimos cuatro años (2022- 2025) al registrar 176 quejas que representan el 59% de los casos.
En el 2023, se registró el pico más alto, con 64 quejas relacionadas con desplazamiento forzado, es decir, un promedio estimado de cinco mensuales.
Indicó que, en el 2025, el CONADEH atendió 24 quejas, de las cuales, el 71% fueron interpuestas por profesionales que se encuentran en riesgo inminente de desplazamiento, mientras que el 29% ya tuvo que abandonar su hogar.
El 58% fueron víctimas de amenazas
Durante ese año, el 58% de los casos presentados por quienes ejercen la profesión del derecho afirmaron que fueron objeto de amenazas, el 13% de tentativa de homicidio y el 8% por extorsión. Otros motivos incluyen despojo de bienes, lesiones y violencia intrafamiliar.
El ejercicio del derecho implica, en muchos casos, enfrentar directamente a estructuras criminales, actores políticos y hasta a funcionarios del Estado. Defender a una víctima o litigar contra el poder puede costar el desplazamiento o la vida, señaló CONADEH.
Personas conocidas y agentes del Estado, entre los agresores
Contrario a la percepción de que la violencia proviene solo de grupos criminales, el 29% de los agresores identificados, en el 2025, son personas conocidas de las víctimas, además, figuran miembros de la Policía Nacional, de partidos políticos e integrantes de maras y pandillas, así como exparejas y familiares.
Durante ese mismo año, el CONADEH atendió quejas de profesionales del derecho en once municipios de siete departamentos del país, principalmente en Francisco Morazán y Cortés que concentran el 58% de los casos, el resto tuvieron como escenario Choluteca, Yoro, Colón, Copán y Valle.
Impacto y llamado al Estado
Según el CONADEH, el desplazamiento forzado de profesionales del derecho implica la ruptura de proyectos de vida, la interrupción de procesos judiciales y el debilitamiento del acceso a la justicia para la población. Muchas personas que ejercen esa profesión se ven obligados a abandonar su práctica, cambiar de residencia o salir del país.
Indicó que defender derechos no debería costar la vida ni la seguridad personal. Por ello instó al Estado a implementar medidas de protección oportunas que permitan salvaguardar la integridad física y la vida de los profesionales del derecho y sus familiares.
El Estado hondureño está en la obligación de garantizar que los abogados del país desempeñen sus funciones profesionales sin ningún tipo de intimidación.
Una profesión de alto riesgo
El ejercicio del derecho se ha convertido en una profesión de alto riesgo para quienes la ejercen, principalmente en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés que registran el 70% de los casos.
Desde el año 2004, alrededor de 220 profesionales del derecho perdieron la vida violentamente, con un nivel de impunidad que ronda el 90% de los casos. algunos de ellos fueron ejecutados en el interior de su vehículo, otros fueron ultimados en su vivienda, su bufete o a pocos pasos de la misma, y en la vía pública.
En el 2026, al menos tres abogados perdieron la vida violentamente, uno en Comayagua, zona central del país, otro en San Pedro Sula, Cortés, y la última en Tocoa, Colón.
