Desplazamiento forzado: “crisis humana” que Honduras no puede seguir invisibilizando
- Detrás de cada estadística hay familias que lo dejaron todo para salvar sus vidas. Huir y dejar todo atrás, es uno de los momentos más desgarradores para cualquier persona. El CONADEH recomienda la aprobación del reglamento y del presupuesto necesario para atender a las víctimas de desplazamiento forzado
La Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre señaló hoy que, en Honduras, hay miles de familias que se han visto obligadas a dejarlo todo , abandonando sus hogares para salvar sus vidas frente a la violencia y la desprotección, lo que se traduce en una “crisis humana” que convoca tanto a las autoridades del Estado como a la población a actuar con urgencia.
Se estima que, entre los años 2016 y 2025, el CONADEH atendió 95,850 quejas, a nivel nacional, de las cuales, 10,077 que representa el 10.51% fueron presentadas por personas en riesgo o víctimas de desplazamiento forzado, según datos de la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) de este ente estatal.
La UDFI también establece que del total de quejas atendidas 3,763 (37%) correspondieron a personas que se vieron obligadas a abandonar su lugar de residencia habitual para proteger su vida, libertad o integridad personal y 6,314 (63%) que estuvieron en riesgo de desplazamiento
Según las quejas atendidas por el CONADEH relacionadas con el riesgo y el desplazamiento forzado, en la última década, se vieron afectados 24,864 personas de diferentes regiones del país.
«Detrás de cada estadística hay rostros y miles de familias que lo dejaron todo para salvar sus vidas», declaró la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre.
La titular del CONADEH reconoció el trabajo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Honduras a la que calificó como un “aliado estratégico y resiliente».
“Hemos enfrentado varios desafíos, tanto a nivel nacional como internacional recortes presupuestarios, limitaciones en la contratación del personal. Sin embargo, ACNUR se ha quedado y ha decidido seguirnos acompañando”, expresó.
Izaguirre señaló que, gracias a esas alianzas consolidadas es posible visibilizar el desplazamiento forzado interno como una de las heridas más grandes e invisibilizadas del país.
A pesar de que es un tema que el CONADEH ha atendido desde hace mucho tiempo, sigue careciendo de respuestas institucionales integrales, articuladas y sostenidas en el tiempo, indicó.
Detrás de cada estadística hay rostros, hay miles de familias que se han visto obligadas a dejarlo todo, abandonando sus hogares para salvar sus vidas frente a la violencia y la desprotección”*, sostuvo.
Recordó que la aprobación de la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente fue una conquista histórica. Sin embargo, cuestionó que «una ley que solo está aprobada en papel no basta si no logra materializarse».
Por ello, hizo un llamado enérgico, a las autoridades, para aprobar su reglamento y asignar un presupuesto suficiente que garantice una protección efectiva a las víctimas.
Desde el CONADEH reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando, sin descanso, por la prevención, la protección y el cuidado de cada persona en situación de desplazamiento. Las puertas del CONADEH siempre van a estar abiertas. Nuestro deber es acompañarlos, defender sus derechos y asegurar que no caminen solos”, concluyó.
El fenómeno del desplazamiento forzado se agudizo en los últimos cuatro años (2022-2025) periodo en el que CONADEH atendió cerca de 5,000 quejas que involucraban como afectadas a 12,827 personas de diferentes sexo y edad.
Los datos evidencian la persistencia de escenarios de inseguridad y vulneración de derechos fundamentales, generando temor, incertidumbre y zozobra en quienes se ven obligados a abandonar sus hogares.
El desplazamiento forzado interno provoca impactos profundos, incluyendo la ruptura de vínculos familiares y comunitarios, la pérdida de medios de vida y limitaciones en el acceso a derechos esenciales como la educación,
salud, vivienda, alimentación y el empleo.
