El 35% entre el 2022 y el 2025: 1,369 quejas de supuestas violaciones a los derechos laborales atendió CONADEH en los últimos 12 años

• En los últimos 12 años, diversas secretarias de Estado, instituciones encargadas de la seguridad en el país, alcaldías municipales, empresas que prestan servicios públicos y, en general, más de medio centenar de instituciones gubernamentales, estatales y empresas del sector privado fueron denunciadas por violentar los derechos laborales del trabajador.

Alrededor de 1,369 quejas relacionadas con supuestas violaciones a los derechos laborales atendió el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos entre el 2014 y el 2025, de las cuales, el 35% se registró en los últimos cuatro años (2022-2025), situación que preocupa, a este ente estatal, ya que se pone en precario la estabilidad laboral de las personas.

El despido injustificado, que representa cerca del 70% de las quejas atendidas por esta Institución Nacional de Derechos Humanos, figura como la principal causa de violaciones a los derechos laborales, tanto en instituciones gubernamentales, estatales y empresas del sector privado

Otras modalidades violatorias de los derechos laborales, identificados por la Unidad de Estadísticas del CONADEH, son, el hostigamiento, el acoso laboral, la persecución política, los traslados injustificados, discriminación, malos tratos, renuncia forzada, hostigamiento sexual, la falta de pago, la negación del derecho a vacaciones y el no pago de prestaciones, entre otros.

Ricardo López, Delegado Adjunto del CONADEH expresó que, en contextos de cambio de gobierno siempre tenemos mucha actividad  por este tipo de situaciones relacionadas  con los despidos masivos o colectivos que se dan en las instituciones del Estado.

Explicó que el CONADEH tiene una función especial, pero también tiene un mandato constitucional  que es garantizar los derechos de todas las personas  en el territorio nacional

Considera que es una mala práctica  que los gobiernos que entran  cancelen o despidan a los empleados públicos que  se encuentran en las diferentes instituciones del Estado, para abrirle paso a la contratación de las personas afines  a cada gobierno.

Evidentemente, esto vulnera los derechos laborales de las personas que salen cuando no se les cancela la totalidad de sus prestaciones  y sus derechos adquiridos, pero también cuando se interrumpe la estabilidad laboral de la persona, agregó.

Indicó que, la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre giró instrucciones a cada una de las delegaciones, a nivel nacional, para que se brinde acompañamiento y se gestione, en aquellos casos donde existe una vulneración a un grupo en condición de vulnerabilidad, para que se reconsidere la cancelación por parte de las autoridades del Estado.

Hemos tenido presencia en el Sistema 911, acompañando a las personas que no se les ha permitido  el ingreso a las instalaciones por parte de las nuevas autoridades y estamos  hablando de decenas de personas, precisó.

Agregó que, en cada una de las instituciones donde se realizan despidos colectivos, las personas vienen a esta institución para pedir ese acompañamiento, para hacer gestiones ante las nuevas autoridades y velar  porque se respeten sus derechos.

López es del criterio que, en el Estado hondureño, debe establecerse una carrera pública para que los funcionarios y empleados puedan tener estabilidad y poder contratar  a las personas mejor calificadas.

Entendemos, dijo López, que cuando un gobierno afín llega al poder, la persona busca la manera de conseguir un trabajo, pero que también se debe entender que, muchas personas  que trabajan en el gobierno tienen capacidades que  se tienen que tomar en cuenta a efecto de no debilitar   las estructuras o las capacidades  que tienen las instituciones del Estado.

Explicó que muchas personas despedidas  fueron formadas, capacitadas y, las personas nuevas que llegan  tienen que empezar de cero, lo cual repercute en la atención a la población.