Advierte el CONADEH: Desplazamiento forzado de personas es también causado por agentes del Estado
Advierte el CONADEH:
Desplazamiento forzado de personas es también causado por agentes del Estado
- Muchas personas no desean denunciar porque sienten que el hecho de hacerlo los pone en una situación de más alto de riesgo.
- De las 1,417 quejas atendidas por el CONADEH en el 2022, al menos 20 vinculadas al desplazamiento forzado fueron hechas contra operadores de justicia.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) reveló hoy que, existen casos de personas que luego de constantes allanamientos, por parte de la Policía Nacional, han tenido que abandonar su domicilio y convertirse en víctimas de desplazamiento forzado.
Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del CONADEH, explicó que, el estado de excepción ha tenido impacto en el desplazamiento forzado y se han identificado casos que, por los constantes allanamientos de la Policía Nacional, las personas han tenido que abandonar su domicilio.
Agregó que, el desplazamiento no solamente es causado por particulares o por estructuras criminales, también es causado por el mismo Estado e incluso por operadores de justicia.
Cuando una persona vive en un barrio o en una colonia y recibe de dos o tres allanamientos de la Policía Nacional, al final, por temor decide abandonar su domicilio.
Reiteró que el desplazamiento forzado no solo es multicausal, sino que tiene múltiples agresores y que incluso, el Estado como tal puede generar desplazamiento de personas.
Hay quienes abusando de su autoridad han cometido no solo la violación de derechos humanos, sino que ha obligado a la persona a desplazarse de su colonia, barrio o comunidad.
Reyes hizo énfasis que existe mucha desconfianza y que la gente a veces no confía en presentar una denuncia.
En el 56% de los casos, las personas no desean denunciar porque sienten que el hecho de hacerlo los pone en una situación de más alto de riesgo.
Nuevas estrategias
El desplazamiento forzado tiene causas estructurales y, la principal, es la violencia en sus diferentes manifestaciones.
La defensora de los derechos humanos dijo desconocer por qué las autoridades hondureñas han puesto en marcha un estado de excepción para atacar el fenómeno de la extorsión, que hasta ahora no ha funcionado.
Indicó que el Estado tiene que buscar nuevas estrategias para atacar la violencia, partiendo de la educación, la investigación y la respuesta que se le pueda dar a las personas
Grave que estructuras criminales tengan el control
Señaló que las maras y pandillas, en Honduras, son un problema social que viene muy arraigado y que, en barrios y colonias, donde hay control de estructuras criminales, están captando a los niños y las niñas.
Agregó que, ante la falta de acceso a la educación, a la salud, a una vivienda, a un empleo digno y la falta de oportunidades, hace que muchas veces los jóvenes sean captados por estructuras criminales.
Otro tema grave, según Reyes, es que las estructuras criminales tengan controlados barrios y colonias y que, hasta las mismas autoridades, tengan temor de ingresar o que, cuando las personas de sociedad civil o del mismo Estado quieren ingresar a realizar una encuesta, por ejemplo, tengan que pedir permiso al líder de la estructura criminal.
Cuestionó que sean las estructuras criminales las que impongan las reglas y normas a la misma gente de su comunidad, por ejemplo, que las mujeres no deban denunciar la violencia domestica para que no llegue la Policía Nacional.
Entre el 2016 y el 2022 el CONADEH atendió 6,498 quejas relacionadas al desplazamiento forzado interno en las que resultaron afectadas 15,680 personas, 8,886 en situación de riesgo y 6,794 víctimas de desplazamiento.
De las 1,417 quejas atendidas por el CONADEH en el 2022, al menos 20 quejas vinculadas al desplazamiento forzado fueron hechas contra operadores de justicia.
