Informe del CONADEH:
Serias dificultades enfrentan Obligados tributarios para acceder a una administración tributaria eficiente
Informe del CONADEH: Serias dificultades enfrentan Obligados tributarios para acceder a una administración tributaria eficiente
- La falta de respuesta dentro de los plazos establecidos, las dilaciones indebidas y la falta de motivación en los actos administrativos afectan de manera directa el ejercicio de sus derechos fundamentales, vulnerando principios constitucionales y normativas internacionales de derechos human
Los Obligados Tributarios enfrentan serias dificultades para acceder a una administración tributaria eficiente, transparente y respetuosa de sus derechos reveló un informe divulgado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).
El informe especializado sobre vulneraciones a los derechos de los obligados tributarios, con enfoque en el derecho de petición establece que, entre el 2020 y el 2024, el CONADEH atendió 89 quejas relacionadas con vulneraciones a los derechos humanos de este sector, de los cuales, el 33% están relacionadas con la presunta vulneración del derecho de acceso a la justicia y el debido proceso.
Otro 26% de las quejas están relacionadas a la dilación indebida en la tramitación y respuesta a las peticiones, lo que refleja la falta de celeridad administrativa y la vulneración de los plazos establecidos en la normativa tributaria para que la institucionalidad atienda, brinde respuesta o resuelva las peticiones de los obligados tributarios.
En cuanto a las instituciones señaladas como responsables de vulnerar los derechos de los obligados tributarios, en el 54% de las quejas se menciona el Servicio de Administración de Rentas (SAR), mientras que el 46% restante en contra de la administración aduanera.
Datos de el SAR establecen que la cantidad de Obligados Tributarios aumentó en los últimos años al pasar de 2,777,629 en el 2019 a 3,530,045 a inicios de diciembre del 2024.
Karol Cerrato, coordinadora de la Defensoría del Obligado Tributario del CONADEH explicó que ese incremento refleja una mayor conciencia de la población sobre la importancia de cumplir con sus obligaciones fiscales, lo que no solo evita sanciones establecidas en ley como multas e intereses, sino que también contribuye a que las empresas operen dentro de un marco de legalidad y transparencia, lo cual genera confianza tanto a nivel local como internacional.
Agregó que las personas jurídicas representan la mayoría de los obligados tributarios que presentan quejas con el 56% de los casos, lo que podría deberse a la complejidad de los procesos fiscales que enfrentan, no obstante, el 44% corresponde a personas naturales, lo que indica que la afectación es generalizada.
Esto subraya la necesidad de un enfoque integral y equitativo en el sistema tributario, que asegure la protección efectiva de los derechos de todos los contribuyentes, sin distinción entre personas jurídicas y naturales.
Indicó que la falta de respuesta dentro de los plazos establecidos, las dilaciones indebidas y la falta de motivación en los actos administrativos afectan de manera directa el ejercicio de sus derechos fundamentales, vulnerando principios constitucionales y normativas internacionales de derechos humanos.
De acuerdo con los datos recopilados sobre las modalidades violatorias y su incidencia, esta situación afecta directamente la equidad y la transparencia en la administración tributaria, revela la necesidad de una reforma estructural para garantizar que todas las personas, independientemente de su estatus, tengan acceso pleno a los mecanismos de defensa y a la justicia tributaria.
La dilación indebida en la tramitación y respuesta de las peticiones, que representan el 26% de las quejas, reflejan una violación grave al derecho a un proceso administrativo eficiente y en tiempo razonable, en contraposición con los principios establecidos tanto en la Constitución como en las normas internacionales de derechos humanos, que exigen la celeridad y transparencia en el proceso.
Es fundamental, dijo Cerrato, que tanto el SAR como la administración aduanera, las más señaladas por los contribuyentes, mejoren sus procesos y fortalezcan su compromiso respecto al derecho de petición, el acceso a la justicia y el debido proceso, asegurando un trato adecuado tanto a ciudadanos como a personas jurídicas.
De acuerdo con la normativa nacional e internacional, que protege los derechos de los obligados tributarios, es imperativo que el derecho de petición, el derecho de defensa, y el derecho al debido proceso legal sean garantizados en todo proceso administrativo.
Esto incluye la obligación de la administración tributaria y aduanera de emitir sus resoluciones dentro de los plazos establecidos por la ley.
La falta de respuesta dentro de los plazos establecidos, las dilaciones indebidas y la falta de motivación en los actos administrativos afectan de manera directa el ejercicio de sus derechos fundamentales, vulnerando principios constitucionales y normativas internacionales de derechos humanos, concluyó.
