Absurdo y descabellado pensar que con medidas represivas se resolverán problemas de seguridad

Absurdo y descabellado pensar que con medidas represivas se resolverán problemas de seguridad

• Se estima que unos 116 niños, niñas y adolescentes  se encuentran cumpliendo medidas de privación de libertad en los centros pedagógicos y que hay, aproximadamente, 1,300 con medidas no privativas de libertad, dato que representa alrededor del 7% en comparación con los 20 mil adultos que se encuentran privados de libertad en las cárceles del país.

Absurdo y descabellado pensar que rebajando la edad punible y con medidas represivas que se va a resolver el problema de inseguridad en el país, reflexionó hoy el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), ente que recomendó al Estado hondureño trabajar en la educación, formación, atención y en la restitución de los derechos a los niños y adolescentes.

Cándida Maradiaga, coordinadora de la Defensoría de la Niñez del CONADEH calificó de “paradójico” que sea el mismo Estado, responsable de generar las condiciones de protección a la niñez en su primera infancia, el que hoy los esté criminalizando.

En lo que hay que trabajar es en la educación, la formación, atención y en la restitución de los derechos a estos niños y adolescentes que realmente el Estado les ha fallado, señaló

Se estima que  unos 116 niños, niñas y adolescentes  se encuentran cumpliendo medidas de privación de libertad en los centros pedagógicos y que hay, aproximadamente, 1,300 con medidas no privativas de libertad, dato que representa alrededor del 7% en comparación con los 20 mil adultos que se encuentran privados de libertad.

Indicó que, las autoridades penitenciarias, en lugar de estar pensando  en ese 7%  de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la Ley, deberían atender  y estar más pendientes de los casi 20 mil privados de libertad que tienen en los centros de adultos y que no están desarrollando los procesos de rehabilitación que manda la ley.

Maradiaga explicó que los que ingresan a  esos centros pedagógicos son niños y niñas que  el mismo sistema les ha fallado  en su primera infancia.

Son niños de 15 y 16 años  que, hasta  que llegan al INAMI, se le restituye el derecho a la educación, porque  muchos de ellos nunca estuvieron en un centro educativo, sus familiares migraron, nunca tuvieron la orientación de sus padres, ni han tenido las condiciones para vivir dignamente.

Situación de la que se aprovecha el crimen organizado,  las maras y pandillas que los ven como un grupo vulnerable considerando que, el tratamiento penal que se le aplica a la niñez es diferente al del adulto.

Según Maradiaga, los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley, son parte de ese 1.1millones de niños que no están en el sistema educativo, también son parte de ese 1.6 millones de niños que reporta el INE que se ven obligados a trabajar porque sus familias no tienen las condiciones para poder sobrevivir y son parte de esos 20 mil adolescentes que se encuentran  en situación de calle.

No es cierto que son inimputables, dijo Maradiaga, y recordó que hay una Ley  de Justicia Juvenil  que atiende a los niños, niñas y adolescentes de 12 a 18 años para poder deducir las responsabilidades que tienen cuando cometen infracciones. 

Señaló que los organismos internacionales no recomiendan a los policías y los militares, que asuman responsabilidades de centros penitenciarios o de centros de internamiento  de  niños en conflicto con la Ley, porque más que plantear iniciativas preventivas sus propuestas  son medidas  represivas para supuestamente resolver una problemática.

Los militares y los policías  tienen esa tendencia a criminalizar  a la niñez que se encuentra en conflicto con la Ley y a plantear iniciativas  que son más de tipo represivo, cuando lo que se debe pensar es en estrategias que vengan a proteger sus derechos y evitar que caigan en las redes de la violencia delincuencial.

Agregó que muchos adolescentes son reclutados por el crimen organizado, por maras y pandillas porque provienen de comunidades invadidas por personas que forman parte de esos grupos criminales y que, en la mayoría de los casos, los amenazan para que participen en actos delictivos

Detalló que las infracciones de  mayor incidencia por las que son remitidos estos jóvenes a los centros pedagógicos  de privación de libertad son por motivos  de extorsión y  por el tráfico de drogas.

El problema no se va a resolver con privar  a más niños de su libertad  cuando sabemos que el Estado no tiene centros de privación de libertad  adecuados para atender incluso a la población que ya está  recluida, concluyó.