Instan a las autoridades hondureñas investigar crímenes y atentados contra abogados
Martes 27 de febrero de 2024
Instan a las autoridades hondureñas investigar crímenes y atentados contra abogados
- En febrero del 2024, dos profesionales del derecho murieron violentamente, uno en la Col. Venezuela de Comayagüela y otro en Juticalpa, Olancho. Además, dos abogadas fueron objeto de un atentado en la colonia Miraflores de Tegucigalpa.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) condenó hoy las constantes agresiones, amenazas, atentados, el desplazamiento forzado y la muerte violenta de profesionales del derecho en el país, hechos que no solo se mantienen impunes, sino que convierten esta labor en una profesión de alto riesgo para quienes la ejercen.
Una las preocupaciones del CONADEH es el nivel de impunidad de estos delitos que ponen en riesgo la integridad física y la vida de los profesionales del derecho, lo cual impide que se conozcan las causas, dijo la titular del ente estatal, Blanca Izaguirre.
Si bien es una profesión humanista su ejercicio conlleva muchos riesgos por lo que es urgente que las autoridades hondureñas establezcan mecanismos de seguridad que permitan salvaguardar la integridad física y la vida de los profesionales del derecho y sus familiares, declaró.
Hasta ahora, ha quedado demostrado que las condiciones de seguridad en el país no han sido las más propicias para salvaguardar la integridad física y la vida de casi dos centenares de profesionales del derecho.
La defensora de los derechos humanos exhortó a las autoridades hondureñas a definir estrategias para combatir la impunidad, así como evitar nuevos hechos violentos contra los profesionales del derecho.
Lo importante, es que, en este momento apremiante, donde hay violencia generalizada, toda persona que se encuentre amenazada tome las medidas pertinentes para fortalecer su protección.
Si bien el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de todos los habitantes de Honduras, es necesario que las instituciones contribuyan a que el Estado pueda realizar, en la forma más apropiada y completa, la responsabilidad que tiene para con el pueblo hondureño.
Como institución nacional de derechos humanos y fundamentados en nuestro mandato constitucional, instamos al Estado, a través de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, a actuar con firmeza y debida diligencia, en la investigación, identificación, enjuiciamiento y sanción de los responsables de atentar contra la integridad y la vida de los profesionales del derecho
El propósito es evitar la repetición de hechos tan lamentables que constituyen vulneraciones graves a la dignidad de los habitantes, agregó.
Continúan ataques contra los profesionales del derecho
El 11 de febrero, un abogado fue ultimado en la colonia Venezuela de Comayagüela por sujetos que le dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida.
Seis días después, es decir, el 17 de febrero , otro profesional del derecho fue asesinado en Juticalpa, Olancho en el interior de su vehículo, por personas desconocidas.
El 26 de febrero, dos abogadas fueron objeto de un atentado criminal, en horas de la noche, cuando transitaban por la colonia Miraflores, de Tegucigalpa. Informes preliminares indican que una de ellas resultó herida de bala, mientras que la otra salió ilesa.
La crítica situación de inseguridad que enfrentan los miembros de este gremio se ve reflejada en los casi 200 profesionales del derecho que denunciaron, entre los años 2016 y el 2023, ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) estar en riesgo y ser víctimas del desplazamiento forzado interno
En esta radiografía de la inseguridad en la que realizan su labor los abogados, de acuerdo a las denuncias atendidas por el CONADEH, desde el año 2016, la mayor parte de las acciones de violencia tuvieron como escenario los departamentos de Cortés, Francisco Morazán, Olancho, El Paraíso y Choluteca.
Entre los agresores, denunciados por los propios afectados, figuran personas conocidas en el 39% de los casos, el 33% son personas desconocidas, el 21% grupos criminales y un 5% operadores de justicia, entre otros.
En los últimos 20 años, 14 departamentos del país fueron escenario de la muerte violenta de unos 210 abogados, sin embargo, el mayor riesgo se presenta en los departamentos de Cortés y Francisco Morazán que registran el 70% de los casos.
Se estima que más del 90% de los crímenes cometidos contra miembros del gremio de los abogados quedan impunes por falta de una investigación diligente, eficaz y científica.
