Jueves 08 de febrero de 2024
Recuerda el CONADEH:
Estado hondureño es responsable al no adoptar mecanismos efectivos de protección
- Si no se garantiza el derecho a la vida y la integridad personal de los periodistas, defensores de derechos humanos y operadores de justicia, difícilmente el Estado va a poder hacerle frente a esta situación ya que la pérdida de la vida es la violación más grande de los derechos humanos.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) recordó hoy, al Estado hondureño, su responsabilidad internacional por no adoptar los mecanismos de protección adecuado para proteger la integridad y la vida de defensores de los derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia.
Daniel Cáceres, director del Observatorio de Derechos Humanos del CONADEH, hizo referencia a los constantes recordatorios hechos al Estado hondureño en el sentido que el Estado mismo ha sido responsable internacionalmente por casi una veintena casos en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
Desde el año 2015, el Estado de Honduras creó el Sistema Nacional de Protección cuya función principal es realizar una coordinación efectiva de protección de derechos humanos entre las instituciones públicas y la sociedad en general.
Ese Sistema Nacional de Protección está integrado por la Secretaría de Derechos Humanos, el Consejo Nacional de Protección, el Comité Técnico del Mecanismo de Protección, la Dirección General del Sistema de Protección (DGSP) y el Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad, para proteger a defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia.
Cáceres indicó que la preocupación radica no solo por la huelga que lleva más de 20 días en la Secretaria de Derechos Humanos, sino que la misma renuncia del Subsecretario de Protección de la cual depende el Mecanismo Nacional de Protección.
Cuando hay una situación acéfala, en esa Secretaria de Estado, puede incidir, de manera negativa, en la coordinación y ejecución de las solicitudes de medidas de protección que interpongan los beneficiarios del mecanismo.
Mencionó los múltiples desafíos que ha tenido el Mecanismo con algunas medidas de protección en las que se han tenido reportes que no ha funcionado, en especial, con comunicadores sociales, defensores de derechos humanos de la tierra y del territorio.
Si no se garantiza el derecho a la vida y la integridad personal de los periodistas, defensores de derechos humanos y operadores de justicia, difícilmente el Estado va a poder hacerle frente a esta situación ya que la pérdida de la vida es la violación más grande de los derechos humanos.
“Hay una obligación internacional y cuando el Estado no cumple sus obligaciones internacionales que ha adquirido y es internacionalmente condenado, envía un mensaje que los derechos humanos no son garantizados en el país”.
Reiteró que el Estado hondureño ha sido condenado por no adoptar las medidas correctas de prevención y protección de derechos humanos.
El Estado tiene la obligación de no sólo crear las condiciones legales y formales, sino también garantizar las condiciones fácticas en las cuales los defensores de derechos humanos puedan desarrollar libremente su función.
Por lo tanto, el funcionamiento del Sistema Nacional de Protección (SNP) es vital para la prevención y adopción de medidas de protección oportuna; esto a su vez, incluyen que el personal de la institución sea suficiente, tenga las capacidades técnicas instaladas y que gocen de condiciones laborales satisfactorias que puedan permitir el correcto y normal funcionamiento institucional.
Desde el 16 de enero de 2024, empleados de la SEDH emitieron un pronunciamiento público en cual denunciaron vulneraciones de derechos humanos, malos tratos, discriminación, abuso de poder y carga laboral excesiva debido a la falta de personal en esa Secretaria.
Desde el 2022 y lo que va del 2024, el CONADEH atendió alrededor de 68 quejas individuales y colectivas de personal de la SEDH contra la titular de esa Secretaría. En sus quejas alegaron ser objeto de hostigamiento laboral, confrontaciones directas, exclusión de procesos laborales y de reuniones de trabajo, descalificaciones, coacción en la firma de documentos, repercusiones en la integridad psicológica, carga laboral excesiva y, en general, condiciones insatisfactorias de trabajo.
