Advierte el CONADEH: Cambio climático afecta gravemente la situación de los derechos humanos en el país
Jueves 05 de octubre de 2023
Advierte el CONADEH:
Cambio climático afecta gravemente la situación de los derechos humanos en el país
- Es necesario que Honduras ratifique el Acuerdo de Escazú para garantizar el acceso a la información, a la justicia y a la protección de los defensores de los derechos humanos medioambientales.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) señaló hoy que, el cambio climático está afectando gravemente la situación de los derechos humanos en Honduras, país centroamericano considerado de los más vulnerables a los impactos de ese fenómeno con implicaciones negativas en el desarrollo económico y social.
Cada año, el derecho al agua y al saneamiento, a la cultura, a la educación, a un medio ambiente sano, a la salud, al trabajo, a la vivienda y a la alimentación, se han visto seriamente afectados por las inundaciones, las olas de calor y las sequias que cíclicamente afectan al país.
Luis Chinchilla, director de la Clínica de Control de Convencionalidad y Litigio Estratégico del CONADEH, dijo que compartía muchas de las preocupaciones expresadas por el Relator Especial de las Naciones Unidas para la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático, Ian Fry, que visitó el país del 18 al 27 de septiembre del 2023.
Destacó que, en la reunión sostenida con el Relator, le expresaron sus preocupaciones en torno a dos puntos importantes.
El primero de ellos relacionado con la protección a los defensores de los derechos humanos y, en particular, de los defensores del ambiente, que siguen siendo objeto de hostigamiento y amenazas por ejercer su labor de defensoría.
Chinchilla reveló que, otra de las preocupaciones, es la migración de personas debido al cambio climático no solo fuera de la frontera, sino que desplazados a nivel interno, fenómeno que fue constatado por el Relator en sus visitas a las comunidades.
En su informe preliminar, el Relator de las Naciones Unidas hizo referencia a la visita que realizó en la comunidad de Lajas Blancas, Nacaome, en la región del Corredor Seco.
Reveló que esa comunidad ha sufrido una prolongada sequía que dificulta extremadamente la agricultura, perdió el acceso al agua ya que sus pozos se secaron y que, como consecuencia de la sequía, el 80% de la comunidad tuvo que emigrar.
Chinchilla también hizo referencia a la necesidad que Honduras ratifique el Acuerdo de Escazú para garantizar el acceso a la información, a la justicia y a la protección de los defensores de los derechos humanos medioambientales.
Indicó que el modelo de extractivismo que se ha adoptado, por parte del Estado, para el desarrollo, no solo ha aumentado la conflictividad social, sino que esto ha tenido un impacto en la labor de los defensores y en el deterioro de ciertas comunidades.
Un recuento de los hechos, realizado por el CONADEH revela que, entre el 2021 y lo que va del 2023, alrededor de medio centenar de defensores de los derechos humanos han muerto en circunstancias violentas, la mayoría de ellos dedicados a la defensa de los pueblos aborígenes, la tierra, los territorios, así como defensores del ambiente.
Muchos defensores de los derechos humanos, en Honduras, son también objeto de amenazas a muerte, persecución, intimidación, judicialización, atentados, detenciones, hostigamiento, agresiones físicas e incluso de represión.
Inundaciones y sequías han dejado pérdidas significativas en el país
En 1998, Honduras sufrió enormes daños a causa del huracán Mitch que dejo a su paso miles de personas muertas y fue calificado como la tormenta tropical más destructiva de la región del Caribe en los últimos años.
En el año 2020, los huracanes Eta e Iota también causaron enormes daños por inundaciones, derrumbes y deslizamientos de tierra.
En lo que respecta a la sequía, informes estatales indican que, a febrero del 2022, la crisis alimentaria afectaba a unas 2.2 millones de personas en Honduras, de las cuales, 241,000 estaban en emergencia.
Se estima que, a la fecha, unas 2.6 millones de personas estarían en crisis o emergencia de inseguridad alimentaria, situación que se ve afectada por el alza constante de los precios de los productos de la canasta básica y los combustibles, así como, por la disminución en la producción de granos básicos por razones climáticas y el limitado acceso a los insumos.
