Entre el 2016 y el 2022: 86 periodistas y comunicadores sociales en riesgo y víctimas de desplazamiento forzado

Miércoles 24 de mayo de 2023

Entre el 2016 y el 2022:

86 periodistas y comunicadores sociales en riesgo y víctimas de desplazamiento forzado

• En esta radiografía de la inseguridad para periodista y otras personas trabajadoras en medios de comunicación entre las 96 víctimas que perdieron la vida violentamente desde el año2001 figuran, propietarios de medios de comunicación, directores de espacios de radio y televisión que totalizan 25, además, 17 que eran presentadores de noticias, entre otros.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) reveló hoy que, al menos, 86 periodistas y comunicadores sociales denunciaron, en los últimos 7 años (2016 – 2022), estar en riesgo y ser víctimas de desplazamiento forzado, situación que afecta el ejercicio de la libertad de expresión en el país.

La titular del CONADEH, Blanca Izaguirre explicó que el desplazamiento forzado interno de personas, en Honduras, es un fenómeno en crecimiento del que no escapan de ser víctimas los periodistas ni demás personas vinculadas a los medios de comunicación.

Indicó que, sólo en el 2022, el CONADEH atendió 20 quejas de periodistas y comunicadores sociales que relataron estar en riesgo o ser víctimas de desplazamiento forzado. Cantidad que se constituye en la más alta desde el 2016.

En el marco del Día del Periodista en Honduras, que se conmemora el 25 de mayo de cada año, la defensora de los derechos humanos expresó que los miembros de ese gremio enfrentan amenazas que ponen en riesgo su vida y su integridad física debido al ejercicio de su profesión.

Las personas responsables de agredir a periodistas y comunicadores sociales, en el 40% de los casos son desconocidos, en un 30% son conocidos, en un 10% se menciona a las maras y pandillas, en un 5% las bandas criminales, otro 5% a operadores de justicia y miembros del crimen organizado en el 5% de los casos.

Es de resaltar que, de acuerdo a los datos proporcionados por periodistas y comunicadores sociales, ante el CONADEH, el 85% denunció que fue víctima de amenazas, un 5% por tentativa de homicidios, otro 5% por lesiones e igual porcentaje por la muerte de algún miembro de su familia o amigo.

También se destaca que el 80% de los hechos violentos que experimentaron los periodistas y comunicadores sociales, en el 2022, tuvieron como escenario los departamentos de Francisco Morazán, Cortés y El Paraíso.

Continúan hechos violentos contra periodistas y otros trabajadores de medios

Entre el 2022 y mayo del 2023, el ejercicio del periodismo quedó marcado por una serie de hechos violatorios a las libertades de expresión y de prensa que van desde amenazas, agresiones, atentados, hostigamiento, intimidación, detenciones arbitrarias, desplazamiento forzado y la muerte violenta de seis personas vinculadas a los medios de comunicación.

Durante ese periodo, varios miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, autoridades edilicias y personas particulares, se les responsabilizó de haber agredido a periodistas y a otros trabajadores de medios de comunicación.

Para el CONADEH es motivo de preocupación que, en los últimos 17 meses, no se ha dictado ninguna sentencia condenatoria contra los responsables de ultimar violentamente a periodistas y demás trabajadores de medios de comunicación que murieron violentamente desde el 2001.

26% de las víctimas eran propietarios y directores de medios

Desde el año 2001 a mayo del 2023, el CONADEH registra la muerte violenta de 96 personas vinculadas a medios de comunicación. Entre las víctimas figuran 25 personas, de las cuales, unos eran propietarios de medios de comunicación, mientras que otros fungían como directores de espacios en radio y televisión. Además, 17 de las víctimas eran presentadores de noticias.

También perdieron la vida violentamente, 15 locutores, 9 camarógrafos, 7 presentadores de programas de entretenimiento, 2 relacionadores públicos, 5 cronistas deportivos, dos operadores, 1 gestor de publicidad, 2 editores de televisión y 6 corresponsales de radio y televisión.

En torno a la situación jurídica, el CONADEH es contundente al señalar que el 92% de los 96 casos están impunes ya que, en 8 casos, hubo sentencia condenatoria; en 5, sentencia absolutoria para los supuestos responsables, 2 casos están pendientes de sentencia y 81 pendientes de judicialización, con expedientes en proceso de investigación y otros totalmente paralizados.

Hasta ahora, 16 de los 18 departamentos del país han sido escenario de muertes violentas de personas ligadas a los medios de comunicación, sin embargo, en 6 departamentos del país se registra el 76% de los casos, Francisco Morazán (22), Cortes (19), Copán (9), Yoro (8), Atlántida (8) y Olancho (7)

Otros de los hallazgos indican que, 43 municipios (que representan el 14% del total nacional) de 16 departamentos del país, fueron escenario de muerte violenta de las 96 personas vinculadas a medios de comunicación

Los municipios que representan mayor peligro para la labor que realizan las personas que trabajan en medios de comunicación son el Municipio del Distrito Central con 22 muertes violentas; San Pedro Sula, 12; La Ceiba 8; Danlí, 4; Puerto Cortés, 3; La Entrada, 3; Santa Rosa de Copán 3.

Se estima que unos 81 medios de comunicación del país han sufrido o registrado la muerte violenta de uno o varios de sus empleados sean estos periodistas, comunicadores sociales, locutores, camarógrafos, fotógrafos, operadores y editores.

La Defensora del Pueblo declaró que las acciones de violencia contra periodistas y demás personas que trabajan en medios de comunicación, ya sea por parte de agentes del Estado como de particulares, son condenables, porque atentan contra el derecho al trabajo, a la libre expresión y emisión del pensamiento y ponen en riesgo su integridad física y su vida.

Agregó que las amenazas, agresiones, atentados, el desplazamiento forzado y la muerte violenta de periodistas y personas ligadas a medios de comunicación se constituye en una forma de censura que pone en riesgo el derecho a la libertad de expresión y de información en el país.