Viernes 12 de agosto de 2022

 

Entre 2016 y junio del 2022:

Más de cien personas de 7 pueblos étnicos, en riesgo y víctimas de desplazamiento forzado

  • En el primer semestre del 2022, el CONADEH atendió 14 personas de pueblo originarios, de los cuales 5 eran garífunas, 7 misquitos y dos tolupanes, de ellos diez estaban en riesgo y 4 en condición de víctimas del desplazamiento forzado interno.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) expresó hoy su preocupación por las más de cien personas, de siete pueblos étnicos de Honduras, que han sido víctimas o están en riesgo de desplazamiento forzado, según denuncias atendidas por este ente estatal entre el año 2016 y el primer semestre del 2022.

Datos de la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) del CONADEH revelan que 39 garífunas, 23 lencas, 19 miskitos, 12 Pech, 10 tolupanes, 2 tawahkas y 2 del pueblo Maya Chortí, están en situación de riesgo o han sido víctimas de desplazamiento forzado, en los últimos seis años y medio.

De los 107 casos atendidos por el CONADEH, al menos 69, que representan el 64%, están en situación de riesgo, mientras que 38, equivalente a un 36%, como víctimas del desplazamiento forzado.

En el primer semestre del 2022, el CONADEH atendió 14 personas, de pueblos originarios, de los cuales 5 eran garífunas, 7 misquitos y dos tolupanes, de ellos diez estaban en riesgo y 4 en condición de víctimas del desplazamiento forzado interno.

Los 107 casos de personas indígenas y afrohondureñas en riesgo o víctimas del desplazamiento forzado se presentaron en 6 de los 18 departamentos del país, Atlántida, Colón, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Olancho y Valle.

Indígenas y afrohondureños forzados a huir y abandonar su patrimonio

El Riesgo o el desplazamiento forzado de las víctimas estuvo asociado a causas como el despojo de tierras y propiedades, así como asesinatos, lesiones y amenazas.

La Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre urgió al Estado hondureño tomar las medidas de protección necesarias para detener los desplazamientos de personas que forman parte de los pueblos indígenas, campesinos y otros grupos que experimentan una dependencia especial de su tierra.

Indicó que los pueblos indígenas de Honduras viven una situación crítica por causas de la violencia que enfrentan por defender sus derechos y también por la desprotección de su derecho a la tierra, territorios, y recursos naturales.

Los vacíos de protección legal en amparo para las personas indígenas y afro-hondureñas deriva en situaciones de violencia como homicidios en contra de líderes y defensores de los derechos humanos.

De acuerdo con los testimonios de los peticionarios, las situaciones de riesgo o desplazamiento forzado de personas pertenecientes a pueblos indígenas se presentan en un contexto de lucha por la tierra y territorios, asimismo, por las actividades del crimen organizado que despoja de la propiedad a los habitantes de pequeñas comunidades.

El grupo de mayor afectación, según las denuncias atendidas por el CONADEH, son los garífunas y los motivos están estrechamente relacionados a la lucha por la tenencia de la tierra, bienes comunes y la naturaleza ancestral.

Al CONADEH le preocupa que el Estado hondureño no realice las acciones suficientes para garantizar la protección y goce efectivo de los derechos de los pueblos indígenas y afro-hondureños, en especial, los relacionados con los territorios y recursos naturales y, la violencia e impunidad que sufre esta población.

Considera como un factor necesario la discusión y elaboración de un instrumento de consulta previa que garantice ese derecho de los pueblos indígenas y afro-hondureños.

Los pobladores, líderes comunitarios y defensores de derechos humanos de los pueblos indígenas y del medio ambiente, que luchan por sus derechos, en ocasiones, son criminalizados, al grado, de ser objeto de persecución, hostigamiento, amenazas a muerte, lesiones y otra serie de flagrantes violaciones a sus derechos humanos.

El crimen organizado, es también otro factor que deriva en la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas y afro-hondureños.

Recordó que, tras el asesinato de un líder Tolupán, en el 2017, se dieron hechos lamentables como el desplazamiento forzado de varias familias, inclusive, el cierre temporal de la escuela de la localidad, debido a las amenazas a muerte, amenazas de abuso sexual y otras situaciones de violencia en contra de los habitantes indígenas.

 En el caso particular del pueblo indígena Pech, el desplazamiento forzado de personas de dio debido al despojo de tierra y viviendas por presuntos grupos criminales que, mediante actos de persecución, amenazas de muerte, atentados y abuso sexual atemorizaron a los pobladores, hasta hacerlos huir de sus asentamientos.

Se estima que la población de pueblos indígenas y afro-hondureños representa el 8% de los 9.6 millones de habitantes con que cuenta este país centroamericano.

Entre los pueblos originarios de Honduras figuran los Miskitos, Tawahka, Maya Chortí, Nahua, Pech, Lenca y Tolupán; y personas afrohondureñas integradas por garífunas y negros de habla inglesa.

En agosto del 2016, el CONADEH con la asistencia técnica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) activó la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI), con el objeto de monitorear de manera permanente el fenómeno de desplazamiento forzado interno, a nivel nacional, por medio de análisis principalmente cualitativos. 

Un Estudio de Caracterización del Desplazamiento Forzado en Honduras, entre 2004 y 2018, establece, entre sus hallazgos, que, en 78 municipios de 16 departamentos de Honduras, se encontró que, aproximadamente, unos 58,500 hogares fueron desplazados por razones de violencia.

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