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Ombudsman hondureño: Estado no debe permanecer estático y es necesario evitar el avance de la criminalidad en el país

 

  •  Una investigación realizada por el equipo interinstitucional del Proyecto “Hacia la Consolidación del Sistema Jurídico Nacional” que coordinaba el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, encontró que, hasta abril del 2008, habían  4,547 instrumentos legales, de los cuales,  sólo en materia legislativa penal, el país contaba con 140 tratados internacionales, 11 tratados regionales y 162 leyes nacionales, para totalizar 313.

 

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, se pronunció hoy por la aprobación de aquellas reformas al Código Penal que no vulneren los derechos humanos  y advirtió que si el Estado se mantiene estático se estará dejando el espacio abierto para que la criminalidad avance.

El Defensor del Pueblo declaró que, por una parte, las reformas penales tienen que ver siempre con el estado de la evolución del delito y, por otra, que se respeten los derechos humanos y la institucionalidad.

Agregó que las reformas al Código Penal tienen que producirse a través de un diálogo, que es responsabilidad del mismo Congreso Nacional llevarlo seriamente e internamente para poder definir que es aquello que no afecta el bien común.

Explicó que el bien común, es todo aquello que permite al ciudadano seguir gozando de sus derechos humanos y libertades fundamentales.

“Nosotros estamos siempre por el Estado democrático de derecho, que hace que el interés y el fin supremo sea el respeto a la dignidad humana y en eso debe mantenerse toda reforma, no solo la penal sino que  toda la legislación de Honduras”, precisó.

El pasado 17 de enero, el CONADEH emitió una serie de observaciones y recomendaciones sobre el proyecto de reformas de carácter penal en la que advirtió que se  podrían afectar derechos humanos a la vida, integridad personal, libertad, seguridad personal y participación pública del pueblo.

Una de sus recomendaciones fue reconsiderar la adición que el proyecto plantea al artículo 25 del Código Penal, referente a las causas de inculpabilidad ya que la misma está orientada a eximir de responsabilidad penal a “quien, siendo personal policial, militar, servidores de seguridad del Estado u otra autoridad competente en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa, cause lesiones o muerte a otra persona”.

Según el ombudsman hondureño, dicha propuesta infringía estándares internacionales de protección a los derechos humanos.

Indicó que en materia de derechos humanos, la Ley debe controlar y limitar estrictamente las circunstancias en las cuales las fuerzas de seguridad pueden causar lesiones o privar de la vida a una persona, ya que el uso de armas de fuego se considera una medida extrema.

En su criterio, las fuerzas de seguridad sólo podrán hacer uso de la fuerza de manera excepcional y proporcional, cuando sea estricta y razonablemente necesaria, y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas.

Otra de sus recomendaciones fue evitar, en toda forma, la criminalización de la protesta social o la aplicación indiscriminada del tipo penal de terrorismo a personas que ejerzan su legítimo derecho a la protesta pacífica y sin armas, y a la participación ciudadana en los asuntos públicos.

Nosotros nos opusimos al hecho que  autorizaba que si un policía o una persona en el ejercicio del poder público le causa la muerte a una persona sea eximido de responsabilidad, eso no puede ser, recalcó.

Añadió que siempre, en el uso de sus armas de fuego, la autoridad  tiene que tener una responsabilidad y,  por lo tanto, tiene que ser sometido a juicio como lo hacen todos los ciudadanos

Según Herrera Cáceres, el resto de la propuesta que no está vulnerando derechos humanos tiene que avanzar,  de lo contrario, se le está dejando el espacio abierto a la criminalidad para que ellos avancen y el Estado se mantenga estático.

Una investigación realizada por el equipo interinstitucional del Proyecto “Hacia la Consolidación del Sistema Jurídico Nacional” que coordinaba el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, encontró que, hasta abril del 2008,  habían en el país  4,547 instrumentos legales, de los cuales 1032 (23%)  corresponde a tratados internacionales; 466 (10%) a tratados regionales y 3049 (67%)   a leyes  nacionales.

El estudio arrojó que solo en materia legislativa penal, el país contaba con 140 tratados internacionales, 11 tratados regionales y 162 leyes nacionales, para totalizar 313.

http://www.conadeh.hn

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