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Ni el 1% de la niñez hondureña está vinculada en actos reñidos con la Ley

  • Comisión multidisciplinaria debe tomar en cuenta todos los factores al momento de analizar la situación de más del 99% de los niños para protegerlos y tomar medidas de prevención con el 0.05% de los niños y jóvenes  que estarían en actos reñidos con la Ley.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos,  Roberto Herrera Cáceres, considera importante la integración de equipo multidisciplinario que analice la situación de la niñez hondureña  ante la situación excepcional de violencia y delincuencia que está viviendo Honduras.

“Es muy importante abrir, al debate público, todos los temas que tengan que ver con la seguridad y con el desarrollo sostenible del país”, declaró.

El Defensor del Pueblo destacó la importancia de debatir, en toda su magnitud, como está la niñez  ante la situación excepcional de violencia y delincuencia que está viviendo Honduras, más que todo para protegerla  y no solamente ver el accionar de un reducido número de niños y jóvenes en conflicto con la ley.

La niñez en Honduras representa el 43% de los 8.5 millones de habitantes, lo que significa que es un sector  importante de la población para el desarrollo del país.

Se estima que de los 3.6 millones  de niños, aproximadamente el 29% la edad oscila entre los  12 y los 18 años.

Se calcula que del  total de niños y jóvenes cuyas edades oscilan entre los 12 y los 18 años, estimado en un poco más de un millón, solo hay 574 en los centros pedagógicos donde han sido detenidos por  causas de infracciones luego de entrar en conflicto con la ley.

Se deben prevenir causas

Herrera Cáceres se pronunció porque el debate para abordar esta problemática  sea público y  abierto, para tener en cuenta cuales son las causas o factores que facilitan  la participación de  la niñez en la delincuencia así como de aquellos que obligan a la niñez a entrar en ese fenómeno.

“Tenemos que examinar cómo prevenir esas causas de esa minoría de niños que están participando en  delincuencia o que son obligados”, dijo.

Añadió que también se debe  determinar que los responsables del reclutamiento y del abuso de los niños están  provocando fenómenos como los desplazamientos forzadas en el país y migraciones forzadas hacia otros países.

“Ahora vemos  niños y jóvenes  como los nuevos actores, pidiendo refugio en otros países vecinos”, expresó.

Durante el 2016, alrededor de 10,650 niños migrantes fueron retornados al país, de los cuales el 26.33% (2,805) son de primera infancia (0-6 años), el 15.10% (1,608) entre los 7 y los 12 años; y el 58.57% (6,239) entre los 13 y los 17 años. De la cantidad total de niños retornados 4,257 viajan solos y 6,395 viajan acompañados de algún pariente

Solución no está en denunciar tratados internacionales

El titular del CONADEH recomendó entrar en una política de justicia penal juvenil, en la cual se tenga en cuenta, sobre todo,  la rehabilitación y la reinserción en las comunidades para recuperar todo ese potencial de productividad que trae consigo la niñez.

Además, es del criterio que se les debe dar seguimiento a los delincuentes que obligan a los niños y jóvenes a  inducirlos por el camino de la violencia y que el Estado no ha podido controlar.

Sobre la posibilidad de denunciar tratados internacionales, el Defensor del Pueblo  considera que la decisión del Presidente de la República  de constituir una comisión multidisciplinaria es la mejor forma de atender todos los aspectos que tienen que ver con la seguridad humana desde el punto de vista  económico, social, cultural, político y ambiental.

Todos esos factores tienen que tenerse en cuenta al momento de analizar  ese gran sector de niñez, de la cual una minoría que posiblemente alcance el 0.05% es la que estaría vinculada en actos reñidos con la ley.

Según el Defensor del Pueblo si se entra en el análisis contextual,  como debe hacerse, no habría necesidad  de denunciar tratados internacionales porque la solución no está allí.

En su criterio, el problema está en no haber podido articular todos  los esquemas de protección con los de prevención de inserción productiva de todo el desarrollo de la niñez en el desarrollo sostenible.

Otro aspecto que debe examinarse son los denominados centros  pedagógicos  que deben ser dirigidos por personal especializado en  derechos humanos.

Destacó la importancia de la rehabilitación y reinserción, misma que  empieza desde el primer momento y debe concluir en el momento en que termina la pena señalada al infractor.

Cuestionó que el Estado no ha podido asegurar ese acompañamiento, esa preparación para que el joven salga con una mentalidad productiva.

Incluso, la sociedad misma no sabe cómo acoger a la persona que sale de un centro como esos, dijo.

El ombudsman urgió la necesidad de tener lugares adecuados para el internamiento de menores bajo el control de  la institucionalidad del Estado.

http://www.conadeh.hn

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