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El Ombudsman se pronuncia en relación con el derecho a la vida y el debate del aborto

El problema del aborto pone en juego una vida y ha sido caracterizado como el ejemplo de los conflictos que pueden nacer al interior de una misma libertad del ser humano (la libertad  o derecho a la integridad corporal), atendiendo a que la libre disposición de su cuerpo por la mujer entra en conflicto con el derecho a la vida  del ser que ella lleva en su vientre.

En ambos casos hay que defender el derecho a la vida y los otros derechos humanos de las personas concernidas.

En Honduras, la Constitución de la República protege al que está por nacer, considerándolo nacido para todo lo que le favorezca dentro de los límites establecidos por la Ley. El Código Penal tipifica y sanciona actualmente el aborto.

En el Congreso Nacional se debate esta figura dentro de la consideración de un nuevo Código Penal.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce que todo ser humano tiene derecho a la protección por la ley, del derecho a la vida, en general, a partir del momento de la concepción.

Ese reconocimiento rechaza todo abuso o arbitrariedad y establece la obligación del Estado de proteger legalmente la vida de todas y todos los habitantes, sin discriminación, asegurando, que la protección a la vida deba darse, por regla general, a partir del momento de la concepción. En consecuencia, cada Estado puede determinar, bajo esos parámetros, el alcance de su protección y los límites de la misma.

En el 2015, en  los séptimo y octavo informes periódicos, el Estado de Honduras comunicó, en el párrafo 130, al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, lo siguiente: “Honduras continúa tipificando el aborto como delito. Se reconoce el aborto terapéutico en las Normas Nacionales para la atención Materno Neonatal (2011), como parte del capítulo de complicaciones obstétricas que define el Aborto Terapéutico como la interrupción de un embarazo para preservar la salud o salvar la vida de una mujer en las siguientes situaciones: a) Cuando está en peligro la salud de la mujer; b) Cuando está en peligro la vida de la mujer; c) Cuando el producto tiene malformaciones congénitas incompatibles con la vida y d) Cuando el embarazo ha sido producto de una relación no consentida o una fertilización no consensuada.”

En el 2016, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, solicitó más información del Estado de Honduras, en los términos siguientes: “En su informe, el Estado parte menciona que el aborto sigue tipificado como delito en Honduras. Sírvanse aportar información sobre el modo en que los abortos en condiciones de riesgo repercuten en la mortalidad materna. Facilítese información acerca de los requisitos exigidos a las mujeres para poder someterse a un aborto terapéutico en los supuestos establecidos a los que el Estado parte hace referencia en el párrafo 130 de su informe…”

En sus respuestas a la lista de cuestiones y preguntas relativas al séptimo y octavo informes combinados, el Estado de Honduras informó, en el apartado 66, al Comité lo siguiente: “En 2012-2013, los registros de muertes maternas hospitalarias en Honduras indican que el 5% de todas las muertes están asociadas a abortos inseguros; de todos ellos, menos del 2% son identificados como espontáneos.”

Recomendación

La institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) reitera su recomendación de realizar un debate legislativo, objetivo y documentado, que tenga presente las normas nacionales e internacionales referidas anteriormente que llaman a reafirmar la penalización, en general, del aborto; y, dada la evolución legislativa y situación propia de nuestro país, examinar las excepciones expresas que, en otras legislaciones y en la nuestra, se han también admitido para casos muy graves y fácilmente verificables. Excepciones que deben estar sujetas a criterios y controles científicos para evitar que puedan injustificadamente utilizarse y buscar su generalización para privar arbitrariamente de la vida al que está por nacer.

Recomienda, asimismo, que se promueva concertadamente la educación sexual integral, sustentada en los principios de derechos humanos y con enfoque basado en información exhaustiva y evidencias para dar a la juventud los conocimientos necesarios y el empoderamiento de una actuación responsable y toma de decisiones fundamentada sobre su salud, sexualidad y consecuencias de ello.

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de abril de 2017

 

 

http://www.conadeh.hn

BOLETÍN ESTADÍSTICO SOBRE EL DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONFLICTO UNAH

INFORME ANUAL 2016

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