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CONADEH condena muerte violenta de abogado e insta a las autoridades a esclarecer el crimen

  • Al menos 13 de los 18 departamentos del país han sido escenario de la muerte violenta de profesionales del derecho. Más del 70% de los casos se registró en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), condenó hoy la muerte violenta del abogado Rubén Darío Mateo Galán, en la norteña ciudad de San Pedro Sula,  con el que suman más de 150 los profesionales del derecho muertos desde el año 2002.

El ombudsman hondureño,  Roberto Herrera Cáceres, se solidarizó con los familiares de la víctima e hizo un llamado a las autoridades a establecer mecanismos efectivos de seguridad que permitan fortalecer la protección del derecho a la vida en el país.

“Condenamos éste y todos los  crímenes  que se cometen a diario en el país, porque afectan la dignidad del pueblo hondureño”, expresó.

El Defensor del Pueblo urgió la necesidad impostergable de que el Estado, a través de las autoridades encargadas de la seguridad en el país,  utilicen medios, recursos y tecnologías que protejan, cada vez más, el derecho a la vida de los habitantes.

Además, abogó porque se fortalezca la investigación y una mejor coordinación entre los operadores de justicia para reducir drásticamente el alto nivel de impunidad prevaleciente en el país.

Impunidad que, según el titular del CONADEH,  solo engendra manifestaciones reiteradas y crecientes de vulneración de derechos humanos.

Se estima que desde el 2002 a la fecha, más de 150 profesionales del derecho han perdido la vida en circunstancias violentas, cuyos crímenes, en más del  90% de los casos, se encuentran en la impunidad.

En Honduras, el ejercicio del derecho se convirtió en una profesión de alto riesgo para quienes la ejercen, declaró el  Defensor del Pueblo.

Un recuento de los hechos, realizados por el ente estatal, establece que en los últimos años se han registrado una serie de hechos violentos, contra abogados, que  van desde  amenazas, agresiones, atentados y muertes violentas.

Los hechos violentos contra los miembros de este gremio empezaron a registrarse en el 2002, sin embargo, los mismos se agudizaron a partir del año 2010.

Registros del CONADEH indican que entre el 2010 y lo que va del 2018 han muerto violentamente alrededor de 130 personas vinculadas al ejercicio del derecho, es decir, un promedio de 15 por año.

Al menos 13 de los 18 departamentos del país han sido escenario de la muerte violenta de  profesionales del derecho. Más del 70% de los casos se registró en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés.

Herrera Cáceres, expresó que una las preocupaciones es el nivel de impunidad  de estos crímenes, lo cual impide que se conozcan las causas por las que pierden la vida violentamente los profesionales del derecho.

Consideramos que esta profesión es humanista, sin embargo, en Honduras  su ejercicio conlleva muchos riesgos.

Entre los profesionales del derecho que murieron en forma violenta  figuran,  ex jueces  de letras, de la niñez; especialistas, en derecho  penal,  laboral, mercantil y civil.

También están, entre las víctimas, fiscales del Ministerio Público,  defensores públicos, jueces de la niñez, de tránsito, de Letras, de lo Penal, de Paz y de tribunales de sentencias.

Además, asesores legales de  entes gubernamentales, grupos campesinos, empresas de transporte pesado, directivos del Colegio de Abogados de  Honduras,  aspirantes a cargos de elección popular,  jubilados, abogados que ejercían su profesión en bufetes privados y otros que combinaban su labor con otras actividades empresariales y religiosas.

La mayor parte de las víctimas fueron ejecutadas en el interior de sus vehículos, en algunos casos en compañía de sus hijos, esposa, de su trabajadora, de su conductor, de amigos e incluso de sus clientes.

Otros profesionales del derecho   fueron  ultimados en su propia vivienda o a pocos pasos de la misma, en la vía pública e incluso en su propio bufete.

Según el análisis del CONADEH, más del 90% de los abogados fueron ejecutados con armas de fuego.

El Defensor del Pueblo considera que el Estado hondureño está en la obligación de  garantizarles, a los profesionales del derecho, que realicen su labor  sin ningún tipo de intimidación.

“Es deber de las autoridades brindarles la debida protección cuando su integridad física y su vida estén amenazadas por  el ejercicio de su profesión”, concluyó.

 

http://www.conadeh.hn

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