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Advierte Ombudsman hondureño: Sanción penal de los delitos contra el honor intimida a periodistas y particulares

  • El ejercicio del periodismo se ha convertido en una labor de alto riesgo para quienes lo ejercen, para el caso, 77 personas vinculadas a medios han muerto violentamente en circunstancias desconocidas, al registrarse el 92% de impunidad; alrededor de 20 han sido objeto de desplazamiento forzado; más de un centenar han sido víctimas de amenazas, agresiones y atentados; unos 30 han sido objeto de querellas en los tribunales.

 El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, advirtió hoy que la sanción penal de los delitos contra el honor intimida y disuade no solamente a los periodistas, sino que también a los particulares en el ejercicio de su derecho a la libertad de opinión, por lo que recomendó la despenalización de los mismos.

Explicó que su posición está sustentada no solamente en los lineamientos de los textos nacionales e internacionales, en materia de derechos humanos, sino que en la misma jurisprudencia que es de carácter obligatoria su aplicación.

Agregó que aquí entra en juego la convencionalidad de decir como nuestras leyes y nuestra Constitución están de acuerdo con los tratados internacionales y, en este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos han recomendado que las sanciones penales de los delitos contra el honor deben excluirse en esa materia, como regla general.

Sostuvo que las sanciones penales constituyen una actitud demasiado severa del Estado frente a la libertad de expresión del pensamiento que tiene una doble función.

La función individual del derecho de la persona a expresarse libremente y el derecho de la sociedad a estar bien informada y documentada para poderse formar sus propios juicios.

Declaró que en democracia hay mucho riesgo que por la vía penal se pueda no sólo afectar desproporcionadamente a la persona, sino que la libertad de expresión.

El Defensor del Pueblo expresó que es necesario fomentar siempre un ambiente cada vez más favorable a la libertad de expresión en una sociedad que busca democratizarse.

Recordó que la libertad de expresión tiene una dimensión individual y otra social y que, si bien es un derecho humano igual que el resto de los derechos, esa doble dimensión siempre debe ser tenida presente en toda adopción de legislación.

No obstante, aclaró que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, ya que trae consigo deberes y responsabilidades por cumplir y, el deber fundamental de quien ejerce esa libertad es respetar los derechos humanos de los demás.

Agregó que, por esa doble dimensión de la libertad de expresión, el Estado debe hacer lo máximo para evitar poner restricciones que le afecten, pero siempre asegurando el respeto al derecho al honor, al buen nombre y reputación de las personas con responsabilidades y sanciones idóneas, necesarias y proporcionales que no afecten la libertad de expresión responsable en una sociedad democrática.

Reiteró que las sanciones penales son las más severas que se pueden contemplar dentro de la legislación de un Estado y, en general, no parecen idóneas ni necesarias ni proporcionales para favorecer ese entorno favorable para la libertad de expresión ya que tienen efectos intimidatorios y tienden a inhibir esa libertad.

Por consiguiente, el enfoque de cumplimiento de los derechos humanos, orienta al Estado a recurrir a los otros mecanismos de protección que aseguren que la persona que abusó de la libertad de expresión sea obligada a dar las satisfacciones debidas y a hacer las reparaciones adecuadas a las personas a quienes, abusando de su libertad, dañó en su reputación.

Desde ese punto de vista, estamos, más que todo, por las reparaciones de tipo civil y por aquellas que hagan publico el reconocimiento individual y social del abuso que se cometió contra el honor de la persona, y la obligación de hacer las reparaciones adecuadas al caso.

Ejercicio del periodismo una labor de alto riesgo

El ejercicio del periodismo en Honduras se ha convertido en una labor de alto riesgo para quienes la ejercen, prueba de ello, es que del 2001 a la fecha han sido asesinados 77 personas vinculadas a los medios de comunicación de los cuales el 92% están impunes por falta de investigación.

Además, en la última década más de un centenar de personas trabajadores de medios de comunicación, entre ellos, periodistas, comunicadores sociales, camarógrafos, fotógrafos y propietarios, han sido víctimas de amenazas, persecución, atentados y agresiones.

Alrededor de 20 periodistas y comunicadores sociales han tenido que desplazarse forzadamente luego de ser objeto de amenazas a muerte, hostigamiento y otras acciones que pusieron en riesgo su integridad física y su vida, así como la de sus familiares.

Desde el año 2004 a la fecha, se han interpuesto alrededor de 30 querellas contra personas vinculadas a los medios de comunicación, de los cuales, al menos, seis han sido objeto de sentencias en el país, mientras que otros prefirieron llegar a acuerdos conciliatorios.

Entre los querellados figuran directores de programas de radio, televisión y prensa escrita, la mayoría por delitos contra el honor.

Las acusaciones contra los miembros del gremio de periodistas han sido presentadas, en los tribunales, por secretarios de Estado, profesionales del derecho, periodistas, magistrados, jueces, regidores, gerentes de instituciones del Estado, diputados, empresarios, ex presidentes y particulares.

http://www.conadeh.hn

INFORME ANUAL 2017

Segundo Informe sobre el Servicio Público de Salud en Honduras 2018

DECLARACIÓN DEL “ENCUENTRO SOBRE EL DISFRUTE EFECTIVO DE LOS DERECHOS HUMANOS DESDE EL ÁMBITO LOCAL: MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO-MBS”

Declaración Universal de Derechos Humanos y “Municipios de Bienestar Solidario”

 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Oficio N.CP-IAP-216-2018

Reconocimiento

EL DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO EN HONDURAS

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONFLICTO UNAH

Pronunciamiento FIO nº 01-2017

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